Sólo los locos y los ingenuos suelen situarse en medio de la batalla para intentar que la ra- zón sustituya a la pasión. Argumentar sobre la autonomía universitaria en este momento implica por tanto una buena ración de ingenuidad y un optimismo cercano a la locura. Pero éstos son elementos indispensables para hacer ciencia por estos pagos, así que poco se pierde por expresar la opinión que sigue.
Una de las críticas más extendidas a la nueva ley universitaria que tramita el Senado en estos días es el recorte de la autonomía que la Constitución otorga a las universidades. Hablamos a menudo de la autonomía universitaria como de un valor en sí mismo y me permito discrepar de ese planteamiento. La universidad tiene sentido en cuanto servicio a los ciudadanos y su autonomía es deseable en tanto proporcione a la sociedad una universidad de calidad. La autonomía universitaria debe preservar un ámbito de libertad donde llevar a cabo sin presiones externas la mejor docencia y la investigación más avanzada, y debe garantizar que estas funciones las realicen profesores de la máxima calidad posible, sin que el poder político influya en su elección con criterios no académicos. Por eso tiene sentido que las universidades sí sean autónomas y no, pongamos por caso, los parques de bomberos, aunque también realicen éstos una función social de primer orden. El marco legal vigente proporciona autonomía más que suficiente para que lo anterior pueda ser realidad.
Casi veinte años después de la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria, los universitarios nos debemos preguntar si el ejercicio de la autonomía conferida por la ley ha dado buenos frutos. Mi opinión es que la cosecha ha sido menor de lo deseable. Los universitarios hemos propiciado por acción u omisión que demasiados concursos para cubrir puestos docentes no hayan sido ganados por los mejores candidatos; hemos permitido que se elaboren planes de estudios pensando más en los intereses del profesorado existente que en las necesidades sociales; hemos empleado demasiado tiempo y esfuerzo en diatribas internas y demasiado poco en evaluar la calidad de nuestro trabajo y su adecuación a la de- manda social. Hay quien objetará que ésta es una visión demasiado estricta y que en nues- tra universidad hay también. excelentes profesores, investigadores de prestigio y órganos de gobierno que se preocupar por nuestra función social. Y tienen razón, pero creo que la actitud universitaria debe ser siempre autocritica, no autocomplaciente. Hemos de saber identificar nuestros defectos a fin de corregirlos. No podemos dejar pasar por alto el derroche de tiempo y energía que los universitarios, en ejercicio de una mal entendida autonomía, dedicamos actualmente a resol ver cuestiones de procedimiento y a burocracias estériles; horas y esfuerzo que dejamos de emplear en nuestra investigación y en la preparación de nuestras actividades docentes. Lo que puede sorprender a alguien alejado de nuestras aulas es que, si su calidad no está a la altura de lo esperado, la sociedad no le haya exigido antes un cambio de rumbo. Si nuestros hospitales públicos fueran autónomos y emplearan su autonomía para tomar decisiones que limitaran la calidad asistencial, basándose en consideraciones internas, cabría esperar dos cosas: que los usuarios reclamaran el cambio de tales disposiciones y que los poderes públicos instaran a los responsables a guiarse por criterios no corporativos.
¿Por qué apenas ha ocurrido esto en la universidad? ¿Por qué los estudiantes no han empleado la considerable cuota de participación de que disponen en exigir una docencia de mayor calidad? ¿Por qué las empresas y las administraciones públicas no han reclamado un incre-
mento en la formación de los universitarios que nutren sus plantillas y en la generación de la tecnología necesaria para su innovación? ¿Por qué los gobiernos han omitido su respon- sabilidad como garantes del bien público y no han instado a las universidades a prestar más atención a las necesidades sociales?
Las respuestas a estas preguntas son múltiples, pero creo que todas ellas tienen un denominador común: los títulos. Todos consideran que la principal función de la universidad es expedir esos mágicos trozos de papel que aparentemente convierten a un vulgar mortal no titulado en alguien impulsado a una vida mejor. Lo creen los estudiantes, cuya meta casi exclusiva es conseguir un título a cualquier precio. Lo amparan las empresas con su actuación, al requerir titulación universitaria para cualquier empleo. Lo han tolerado los poderes públicos, descuidando las otras vías de formación profesional, no invirtiendo lo debido en las universidades y permitiendo que cualquier edificio con aulas y pizarras expida títulos universitarios, aunque sea a costa de contratar docentes que impartan el mayor número de horas lectivas por el menor salario, e independiente mente del nivel de calidad de sus bibliotecas o de sus laboratorios. No conozco ninguna facultad o departamento que haya sido cerrado por falta de calidad y todo universitario conoce más de uno que lo merece. Así pues, si los principales usuarios no demandan calidad, y los gobiernos han mirado para otro lado, ¿a quién puede extrañar que el alma mater esté como está?
Cambiar el marco jurídico es conveniente para corregir los defectos de la ley actual y evitar en lo posible el uso perverso de los mecanismos legales vigentes. Pero que nadie se engañe: ese cambió de poco servirá si las actitudes permanecen. Pongamos un ejemplo: según la ley vigente, los consejos sociales de las universidades, donde están representados agentes sociales y poderes públicos, son los órganos encargados de velar por el interés social. Hubo un alcalde de Sevilla que tuvo que ser relevado del consejo social de la Hispalense por no haber asistido a ninguna de sus reuniones. Con semejantes actitudes no extraña que su éxito haya sido escaso.
Con la nueva ley, la universidad seguirá siendo una fábrica de títulos si los estudiantes no aspiran a aprender, si los ciudadanos y lás empresas no le demandan excelencia científica, si los gobiernos no se deciden a invertir decididamente con una mano y a exigir incrementos de la calidad con la otra. En este marco social sí sería más probable que los universitarios administrásemos bien nuestra autonomía.